El Gobierno promulgó este martes la reforma del Régimen de Zona Fría, que modificará los subsidios al gas natural y provocará aumentos en las facturas incluso para aquellos usuarios que conserven el beneficio. La nueva legislación, que aún espera del decreto con la reglamentación, cambia la forma de calcular los descuentos y restringe el acceso a la asistencia para los hogares incorporados al régimen durante su ampliación en 2021. Según estimaciones de la Secretaría de Energía, alrededor de 1,6 millones de usuarios perderían subsidios.

El cambio afecta tanto a las regiones históricamente comprendidas en Zona Fría (la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna) como a las localidades que fueron incorporadas durante el gobierno de Alberto Fernández, principalmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Hasta ahora, el régimen contemplaba descuentos del 30% y del 50% sobre la tarifa plena del servicio de gas. Esa tarifa comprende tres componentes: el precio del gas, el costo del transporte y el de distribución. Con la reforma, las bonificaciones pasarán a calcularse únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando afuera los otros dos conceptos.

Este cambio tendrá consecuencias incluso para quienes continúen dentro del régimen. Julián Rojo, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA-CONICET), explicó que la modificación provocará un salto en el valor de las facturas, adicional a los incrementos que se aplican habitualmente mediante las actualizaciones de los cuadros tarifarios. La magnitud de ese aumento todavía no está determinada.

Quiénes perderán el beneficio

La modificación más importante afecta a los usuarios que ingresaron al régimen en 2021. Aquella ampliación extendió los descuentos a regiones de clima templado que anteriormente no estaban comprendidas en Zona Fría.

El régimen original comprende la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que la ampliación incorporó numerosas localidades del centro del país. En conjunto, esa expansión alcanzó a unos tres millones de usuarios, principalmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Esos hogares dejarán de tener garantizado el descuento automático por su ubicación geográfica. En su lugar, podrán acceder a una bonificación adicional al esquema general de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), siempre que cumplan determinados requisitos socioeconómicos.

Durante el debate legislativo, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, estimó que aproximadamente 1,6 millones de usuarios perderían los subsidios.

El costo fiscal del régimen

El Régimen de Zona Fría se financia mediante un fondo fiduciario que recibe recursos de un recargo sobre el precio del gas que pagan los consumidores del país. La nueva legislación establece un recargo de hasta el 7,5%, con facultades para que el Poder Ejecutivo modifique ese porcentaje dentro de determinados límites.

Según una presentación de fuentes del sector, en 2021 el recargo del 5,3% alcanzaba para financiar la totalidad de las bonificaciones, en un contexto de tarifas que se encontraban congeladas o por debajo de sus costos.

Sin embargo, la recomposición posterior del precio del gas y de las tarifas de transporte y distribución provocó que la recaudación del fondo dejara de alcanzar para afrontar todos los descuentos. Como consecuencia, el Tesoro Nacional debió complementar sus ingresos mediante transferencias presupuestarias.

De acuerdo con un informe de la consultora Economía y Energía, entre enero y agosto de 2026 se erogaron US$86 millones para el Régimen de Zona Fría, equivalentes al 44% del crédito vigente para este año.

En tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla otros US$95 millones para financiar el régimen. Sin embargo, esa previsión fue elaborada antes de la sanción de la reforma, por lo que no necesariamente refleja el costo que tendrá el nuevo esquema.

La consultora sostuvo que la reducción en la cantidad de beneficiarios permitiría financiar el régimen con el aporte de los propios consumidores de gas, disminuyendo o incluso eliminando la necesidad de transferencias adicionales del Estado.