El Gobierno presentó este viernes una denuncia penal por los incidentes registrados este jueves durante la quinta marcha por la ley de financiamiento universitario, que terminó con 25 detenidos. Pidió investigar los delitos de resistencia y atentado a la autoridad agravado, lesiones agravadas y daño agravado.

Marcha por el financiamiento universitario congreso Uba. Foto: Federico Lopez Claro

La presentación fue realizada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva. El escrito reclama la intervención de la Justicia federal por los ataques contra efectivos de fuerzas federales y la presunta afectación de la actividad del Congreso. De ser encontrados culpables y en función del criterio de los jueces podrían llegar a recibir penas de hasta 9 años de prisión.

Las detenciones quedaron bajo intervención de la Unidad de Flagrancia Este de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del fiscal Santiago Almeida, y de la jueza Araceli Martínez. La denuncia del Gobierno busca que los hechos sean investigados en el fuero federal.

Por su parte, el ministro de Seguridad porteño. Horacio Giménez, puso a cuatro mayores de edad detenidos por la Policía de la Ciudad a disposición de la fiscalía de turno para su indagatoria. Mientras, dos menores de edad fueron dejados en libertad, informaron fuentes judiciales a Clarín.

Marcha Federal Universitaria frente al Congreso de la Nación Buenos Aires 15 octubre 2026. Foto: Mariana Nedelcu -

Los incidentes dejaron ocho efectivos de fuerzas federales heridos, dos periodistas agredidos y daños en bancos, contenedores y otros elementos del espacio público. Los enfrentamientos se produjeron en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos, donde se desarrolló una movilización masiva y pacífica.

En ese contexto, un grupo de alrededor de un centenar de personas, ubicado frente a las columnas del MST y el MAS, arrojó piedras y palos contra los policías e intentó superar el vallado que protegía el Congreso. Luego los policías lanzaron gases lacrimógenos que afectaron el palco principal de la marcha universitaria ubicada detrás del monumento de la plaza.

Dentro del Palacio Legislativo, la sesión de Diputados convocada para tratar la derogación del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, del presidente Javier Milei, se cayó por falta de quórum.

Marcha universitaria, con incidentes.

La denuncia lleva las firmas de Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios del área de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de Seguridad. Ambos solicitaron abrir una investigación para identificar a los responsables y determinar sus eventuales responsabilidades penales.

Según la versión expuesta por el Ministerio, hubo personas que actuaron con los rostros cubiertos para evitar ser identificadas y utilizaron objetos contundentes contra la infraestructura cercana al Congreso y contra los integrantes del operativo de seguridad.

Los denunciantes sostuvieron que los efectivos fueron blanco de ataques reiterados mientras cumplían funciones en el marco del protocolo del Ministerio de Seguridad. También señalaron que el operativo buscaba garantizar el orden y el ejercicio del derecho a manifestarse pacíficamente.

Marcha por el financiamiento universitario congreso Uba. Foto: Federico Lopez Claro

El planteo oficial incorporó, además, una hipótesis sobre el objetivo de los disturbios: sus protagonistas podrían haber buscado obstaculizar, parcial o totalmente, la actividad legislativa prevista para esa jornada. Se trata de una sospecha que el Gobierno pidió investigar.

Uno de los gendarmes heridos en los incidentes. Foto Federico Lopez Claro - FTP CLARIN IMG_4597.JPG Z RGonzalez gonzalez

Ese argumento ocupa un lugar central en el reclamo de intervención federal. La presentación sostiene que los ataques comprometieron intereses de esa jurisdicción, tanto por las agresiones contra fuerzas federales como por su posible impacto sobre el funcionamiento del Congreso.

Para respaldar la denuncia, los abogados informaron que acompañaron grabaciones de los episodios de violencia. También solicitaron los partes operativos, las actas de procedimiento, las comunicaciones y los registros audiovisuales de las fuerzas que participaron del despliegue.

Otra de las medidas reclamadas apunta a documentar las lesiones. El Ministerio pidió incorporar certificados médicos y constancias de la atención recibida por los efectivos heridos, además de identificar al personal afectado por los ataques.

Los funcionarios solicitaron también que el Ministerio de Seguridad porteño identifique a los policías de la Ciudad que presenciaron los hechos o participaron de las detenciones. El objetivo es que sean convocados a declarar como testigos.

La reconstrucción de los incidentes incluiría imágenes de cámaras públicas y privadas del perímetro del Congreso. El escrito pide resguardar también los registros obtenidos mediante cámaras corporales, dispositivos móviles y drones utilizados legalmente durante el operativo.

En paralelo, el Gobierno reclamó un relevamiento de los daños materiales, con fotografías, informes técnicos e identificación de los bienes y sus titulares. Solicitó que se estime el perjuicio económico mediante informes de las autoridades nacionales y porteñas.

Marcha por el financiamiento universitario congreso Uba. Foto: Federico LOpez Claro

La presentación también requiere preservar los videos difundidos públicamente, con constancias de su origen, fecha e integridad. Ese pedido busca asegurar que el material pueda incorporarse como prueba con su correspondiente cadena de custodia.

Finalmente, los denunciantes pidieron incorporar las actuaciones judiciales, fiscales y administrativas iniciadas en la jurisdicción ordinaria. El propósito expresado es evitar investigaciones duplicadas y delimitar los hechos y las imputaciones correspondientes a cada caso.

Marcha por el financiamiento universitario congreso Uba. Foto: Federico Lopez Claro

El escrito invoca los artículos 89 y 92, en función del artículo 80, inciso 8°, y los artículos 184, 237, 238 y 239 del Código Penal. La calificación definitiva y la responsabilidad individual de los involucrados deberán establecerse durante la investigación.

Un manifestante lanza un palo contra la policía.