El Gobierno nacional conjuga tres conductas a modo de táctica narrativa: a/ señalar una situación anómala general, asignando responsabilidades difusas, b/ someter al escarnio público a quienes intentan colocar un matiz o una perspectiva diferente, c/ des-responsabilizarse de la evolución de los hechos, a pesar de sus más de dos años de mandato constitucional.

Un ejemplo de dicha situación es el debate en torno a la presión fiscal ejercida por los gobiernos locales argentinos (más de 2300 entidades políticas distintas, de todo tamaño y complejidad).

Argentina, lamentablemente, a lo largo de décadas ha construido un modelo fiscal patológico. Esa definición incluye a la fiscalidad federal, a las provinciales y también a las locales. El modo en que el sector público ha organizado su financiamiento, obedece a razones históricas, pero la superposición de decisiones ha dado como resultado un modelo injusto y engorroso. En todos los niveles sin excepción.

El gobierno federal insiste en que desearía bajar impuestos, y al mismo tiempo argumenta que no puede hacerlo atento la necesidad de consolidar la estabilidad macro (y para ello el equilibrio fiscal).

El argumento, puede o no compartirse, pero es consistente desde la perspectiva que guía al oficialismo. En concreto, sostiene impuestos malísimos que constituyen más del 60 % de la presión fiscal total, porque dice no tener margen para hacer algo diferente a corto plazo.

Esa presión fiscal federal se expresa en los productos que compramos, en un rango que va del 35 al 70% del precio, según el producto y el contexto.

Ahora bien, los gobiernos locales en general también tienen estructuras fiscales absurdas (heredadas); pero al igual que el gobierno nacional enfrentan desafíos de gestión ineludibles, que condicionan sus decisiones. De ellos depende el soporte de todos los servicios que hacen posible (con diferente calidad prestacional) la vida urbana, desde recoger la basura, enterrar a los muertos o iluminar las ciudades, hasta garantizar la movilidad o controlar la calidad de los alimentos.

La solución de esto no es mirar para otro lado y dejar todo como esta; y de hecho hay muchos gobiernos locales que han eliminado masivamente tributos y encarado simplificaciones normativas (fue emblemático en su momento el caso de General Sarmiento, luego Tres de Febrero y en los últimos meses lo siguió Concordia); lo que no corresponde es hacer una imputación maliciosa e irrazonable, cuando aún el gobierno nacional esta muy en deuda en idéntica materia. Tampoco es solución que cada crisis se salde con nuevos tributos.

Pongamos las cosas en claro, para que nadie manipule este tema: de cada 100 pesos que el sector público consolidado (los tres niveles de gobierno) eroga en Argentina, menos de 8 pesos son ejecutados por la suma de los 2300 gobiernos locales. Los otros 92 pesos son responsabilidad del gobierno federal y las Provincias; y el peso de la fiscalidad local en los precios de los productos va del 1 al 5 por ciento.

Digamos todo: hay tributos locales exagerados y hay municipios que son el contra-ejemplo de lo que debería ser una Administración Pública razonable; pero también hay verdaderos ejemplos de innovación, calidad y sentido proyectual.

Así como es absurda una tasa vial de 4.5 % sobre los combustibles (Neuquen), también lo son las retenciones o el impuesto al cheque en el nivel federal o el diseño de ingresos brutos en el nivel provincial.

A diferencia de otras experiencias comparadas, en las más de cuatro décadas de gestión democrática el gobierno federal y los gobiernos provinciales (salvo excepciones) han hecho muy poco para jerarquizar la gestión de proximidad, y cualquier radiografía de los gobiernos locales argentinos pone en evidencia las mismas dolencias que padece el estado federal agudizadas: des-profesionalización, atraso tecnológico, falta de sentido estratégico y deterioro del vinculo con la sociedad civil.

En ese escenario, los gobiernos locales han asumido “nuevos roles públicos” legítimamente demandados por la sociedad, y a priori fuera de la división de asignaciones institucionalmente prevista. Un capitulo aparte se lleva la casi nula coordinación horizontal en áreas metropolitanas, con los sobrecostos que la fragmentación acarrea.

El Gobierno nacional debería convocar a la totalidad de las administraciones públicas a revisar con el sentido de la austeridad que el momento exige sus modelos de imposición y sus criterios de priorización de la acción estatal; en vez de levantar el dedo acusador.

La situación es delicada. Los gobiernos locales argentinos en las zonas de la tradicional industrialización sustitutiva, y en el territorio del país no alcanzado por los “RIGI´S”, están empezando a sentir el aumento de la demanda social de una transición difícil. Si los gobiernos locales se quedan sin herramientas de promoción humana o rompen la cadena de pagos a proveedores locales, los resultados pueden ser graves para la estabilidad del propio proyecto oficialista.