El proyecto de Defensa de la Soberanía nacional, conocido también como ley Malvinas, podría quedar congelado no solo por la falta de consenso con los aliados para avanzar con las reformas en defensa y seguridad sino también por las recientes presiones de Estados Unidos para que se frenen las sanciones para las empresas que operen en las islas.

En este escenario, el peronismo aumenta la presión para que el canciller Pablo Quirno se presente en la Cámara baja para responder sobre el avance e implementación del régimen sancionatorio de las empresas que operen en las islas y, además, para que interceda ante el gobierno de Chile y frene la salida de un buque que partirá el próximo 10 de noviembre.

Incluso ya hay proyectos ingresados en el Congreso que exigen a la Cancillería que realice gestiones diplomáticas ante los países limítrofes para que no autoricen la utilización de sus puertos y aeropuertos para el aprovisionamiento, reabastecimiento o apoyo logístico de buques o aeronaves con destino y desde las Islas Malvinas.

Por lo pronto, la propuesta de Defensa de la Soberanía que mandó la Casa Rosada no logró avances y luego de cuatro plenarios de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores sigue sin conseguir los consensos. Encima, la última convocatoria fue suspendida y fue reprogramada para el próximo martes.

Desde el oficialismo admiten que está "difícil" que la propuesta pueda avanzar, argumentan que las energías estarán puestas en el Presupuesto y la Reforma Electoral y sobre todo remarcan que el Gobierno estará más duro y no otorgará concesiones como lo hizo con la ley de Discapacidad.

Para la oposición hay indicios de que el Gobierno terminará congelando el proyecto de Defensa sobre la Soberanía. Primero por las presiones de Estados Unidos para que las empresas norteamericanas no sean sancionadas, luego de que desde Washington alertaran sobre un posible desinterés por invertir en la Argentina si avanza el proyecto.

Además, mencionan a abstención de la Argentina en la votación sobre la eliminación del Comité de Descolonización de la ONU, pero sobre todo resaltan la falta de referencia de Javier Milei al tema Malvinas en los últimos discursos. Todo eso alienta la posibilidad de que el proyecto naufrague. Incluso, desde el kirchnerismo opinan que hasta se perdió ese principio de que aquellos que rechacen la iniciativa iban a quedar como antipatria.

"Está claro que hay una intencionalidad política y electoral detrás de esta propuesta. De los 8 capítulos solo el primero tiene referencia con Malvinas mientras que el resto es una nueva doctrina de seguridad nacional", advirtió el diputado Agustín Rossi.

En el Congreso no solo circuló la versión de que el Gobierno terminaría congelando el proyecto, sino que advirtieron que el proyecto nació dentro de la interna del oficialismo y va a ser cajoneado por la misma interna. Al parecer, la iniciativa fue impulsada por el asesor estrella Santiago Caputo sin el acompañamiento del gabinete.

Incluso, ni el canciller Quino, ni el ministro de Defensa, Carlos Presti, concurrieron al Congreso para defender la propuesta. Tampoco lo hicieron públicamente y el proyecto fue defendido más por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, que responde a Santiago Caputo, y en la comisión dejó la promesa de aceptar cambios.

Menem sabe que el proyecto fue enviado por Caputo para tensionar la relación con los aliados y, por eso, centra su atención en el Presupuesto y la Reforma Electoral, para lo cual el riojano deberá ajustar los acuerdos. Ambas propuestas serán claves para las aspiraciones de reelección de Milei.

En tanto, desde el Senado, Patricia Bullrich espera que el proyecto de Defensa de la Soberanía pase el filtro de Diputados antes de pensar en la letra chica, aunque la decisión de dejar afuera del proyectado Consejo de Seguridad al Ministerio de Seguridad también parecería ser parte de la interna.

Por ahora, los dialoguistas coincidieron en que bajarán el artículo 111, que fija penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan/financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.