América Latina enfrenta una amenaza que no distingue gobiernos. Las organizaciones criminales cruzan fronteras, mueven dinero, armas, drogas, y aprovechan las debilidades institucionales de los países. Mientras que el delito se organiza regionalmente, los Estados responden por separado.

La seguridad debe convertirse en una prioridad compartida. Necesitamos construir en América Latina una mayor red de cooperación. Intercambio de inteligencia criminal en tiempo real, investigaciones conjuntas, coordinación entre fiscalías, control de flujos financieros ilícitos y mucha más colaboración entre las fuerzas de seguridad.

Hace pocos días me reuní en Buenos Aires con Patricia Bullrich, ex ministra de seguridad de Argentina y actual senadora. Conversamos especialmente sobre la experiencia de Rosario, una ciudad que sufrió el avance de las bandas narco criminales y que hoy muestra avances sustantivos en la recuperación del control territorial.

El Plan Bandera, impulsado durante su gestión y desarrollado junto con las autoridades de Santa Fe, ofrece una enseñanza valiosa. Cuando existe coordinación institucional, presencia sostenida del Estado y una estrategia concreta, la violencia retrocede, se le puede ganar la guerra al narco. Los homicidios disminuyeron significativamente en las zonas intervenidas. El problema no ha desaparecido, pero la tendencia demuestra que puede revertirse.

Uruguay debe mirar esa experiencia con atención y sin prejuicios. Nuestro país enfrenta un problema grave de violencia homicida, circulación de armas y disputas entre bandas criminales. En 2025 se registraron 369 homicidios, van 312 en 9 meses del 2026.

No podemos acostumbrarnos a que haya barrios donde las familias tengan miedo de salir o donde el Estado aparezca solamente después de un crimen. Recuperar el territorio significa asegurar presencia policial profesional y permanente, fortalecer la investigación, la inteligencia policial y ofrecer oportunidades reales. La firmeza implacable contra al delito y el respeto por el Estado de derecho deben avanzar juntos.

La experiencia de Argentina, como la de El Salvador, no son una receta que pueda replicarse de manual. Cada país tiene su realidad. Pero sí reflejan -sobre todo- una convicción, la política de seguridad requiere liderazgo firme, continuidad, evaluación de resultados y coordinación.

Requiere también aliados más allá de las fronteras. Si una organización trafica drogas por varios países, lava activos en otro y dirige sus operaciones desde una prisión, ninguna fuerza policial nacional podrá desarticularla por sí sola. La cooperación entre Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y el resto de la región debe fortalecerse con protocolos operativos, información compartida y objetivos claros.

Es necesario fortalecer los mecanismos de cooperación existentes y construir relaciones de confianza entre quienes toman decisiones. Compartir experiencias exitosas, reconocer los errores y actuar antes de que las organizaciones criminales consoliden su poder es una responsabilidad que no admite demoras.

En este marco, hemos presentado en Uruguay un proyecto de ley para la creación de un listado de grupos terroristas en el país donde podamos incluir grupos narco-terroristas de la región, como el PCC (Primer Comando Capital). Argentina y Paraguay -entre otros- ya lo han hecho. Uruguay debe estar a la altura y sumarse a los esfuerzos regionales.

La libertad de nuestros ciudadanos empieza por algo elemental, poder vivir sin miedo. Por eso, la seguridad no puede ser una bandera de ocasión ni una competencia entre gobiernos. Debe ser una política de Estado y un compromiso regional.

Las redes criminales ya trabajan juntas. Es hora de que nuestros países hagan lo mismo, con más inteligencia, más confianza y una determinación que esté a la altura del desafío.

*Andrés Ojeda es Abogado. Secretario General del Partido Colorado y Senador de la República Oriental del Uruguay.