La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, lanzó una dura advertencia sobre el avance del crimen organizado, la corrupción y la incapacidad del sistema judicial para adaptarse a los nuevos delitos tecnológicos.

Lo hizo durante una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, donde sostuvo que “detrás de un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe” y aseguró que la Argentina enfrenta una “corrupción estructural enquistada en las instituciones”.

En una charla titulada “Investigaciones complejas y credibilidad en la Justicia”, Arroyo Salgado trazó un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del sistema judicial frente a la expansión del delito en la era digital. “Este momento es bisagra en la humanidad. La virtualidad intensificada en la post pandemia transformó la realidad: hoy se estudia, se trabaja, pero también virtualmente se delinque y se maneja el poder”, afirmó.

La magistrada advirtió que la tecnología y la inteligencia artificial modificaron las formas del delito y dejaron obsoletos muchos mecanismos tradicionales de control estatal. “Las instituciones que heredamos no están funcionando adecuadamente frente a esta realidad, porque fueron pensadas para otro momento histórico”, señaló.

Uno de los ejes de su exposición fue el funcionamiento del sistema penitenciario y el uso de teléfonos celulares por parte de detenidos. Según sostuvo, la pena privativa de la libertad “se desnaturalizó”, porque muchos presos continúan organizando delitos desde las cárceles.

En ese sentido, reveló que le pidió al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, incorporar en una futura reforma del Código Penal el concepto de “libertad virtual”. “La pena privativa de la libertad no solo debe alcanzar la libertad física, sino también la virtual”, sostuvo.

Arroyo Salgado también vinculó el avance del narcotráfico con la fragilidad institucional. “El narco avanzó y se apropió del Estado en pueblos de frontera”, aseguró. Y agregó que el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción “convergen” como amenazas comunes para el país.

La jueza hizo además una referencia personal al atentado contra la AMIA y a la muerte del fiscal Alberto Nisman, el padre de sus dos hijas. “Hemos sufrido dos atentados y el magnicidio de Nisman, esta última de impacto institucional. Yo hablo desde un rol dual: como ex mujer y jueza federal”, afirmó.

Sobre la muerte del fiscal, insistió en que “la Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder”. Sin embargo, dejó dudas sobre la posibilidad de identificar a los responsables materiales. “Difícilmente se llegue a dirimir quiénes fueron los responsables de este magnicidio”, señaló, aunque mencionó “trascendidos” sobre una presunta vinculación entre integrantes de servicios de inteligencia y una empresa de Río Turbio.

La magistrada también cuestionó la administración penitenciaria bonaerense y planteó que el Servicio Penitenciario debería pasar de la órbita de Justicia a la de Seguridad. “Eso es seguridad pública”, sostuvo.

Además, contó que le envió una comunicación al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, para reclamar medidas que impidan las extorsiones telefónicas desde las cárceles. “En el sistema bonaerense hay detenidos con líneas declaradas y las llamadas extorsivas suceden justamente desde esas líneas”, advirtió.

Durante el cierre de su exposición, Arroyo Salgado defendió la necesidad de que el Poder Judicial comunique más activamente su trabajo ante la sociedad. “La Justicia debe informar sobre aquellos casos que conmueven a la sociedad y generan dudas. El gran desafío es combatir la corrupción”, concluyó.