La cuarta marcha universitaria fue otra vez masiva y contundente y mantiene a la vista un conflicto que el Gobierno de Javier Milei no pudo, o no quiso resolver, en sus casi dos años y medio de gestión. Para muchos es un misterio la persistencia oficial en mantener un frente de disputa abierto de esta magnitud –y no es el único- cuando está en juego el 0,23% del PBI, lo que insume cumplir la ley de Financiamiento Universitario. En su fallo de diciembre pasado en el que concedió la medida cautelar en favor de las universidades nacionales, aunque seguramente es materia opinable, el juez Martín Cormick no se privó de señalar que el monto es “poco significativo” para las arcas públicas.

Cumplir con la ley de Financiamiento sancionada por el Congreso daría respiro al sistema universitario. En 2023 los recursos destinados por el Presupuesto representaban el 0,72% del PBI, y ahora ronda apenas el 0,42%, el nivel más bajo desde la salida de la convertibilidad de los años 90, aunque ahora hay el doble de universidades y el triple de estudiantes.

La Marcha Universitaria en Plaza de Mayo, por el cumplimiento de la ley de financiamiento. Foto: Juano Tesone

Aunque el Gobierno agita en el debate público la cuestión de las auditorías, o se queja de que no se le cobre arancel a los estudiantes extranjeros, el eje central es la cuestión salarial, y se supone que la trazabilidad está garantizada: el 90% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios de los docentes y trabajadores no docentes. Desde 2023, acumulan una pérdida de casi 34% en términos reales. Una caída que duplica el promedio del ajuste sufrido por el conjunto del sector público nacional.

Ante esta situación que se arrastra desde que asumió Javier Milei, la oposición en el Congreso sancionó trabajosamente la ley de Financiamiento Universitario. Lo hizo en 2024, y ante el veto de Milei que no se pudo revertir, otra vez en 2025. Esta vez, sí, en un hecho inédito, ante el nuevo veto presidencial, ambas Cámaras del Congreso la ratificaron con mayoría de dos tercios que exige la Constitución.

Otro hecho impensado, épico para los defensores de la ley, ocurrió a fin del año pasado, ya con la nueva composición parlamentaria más favorable al mileismo. El Gobierno intentó derogar la ley –junto a la emergencia en Discapacidad- dentro del famoso capítulo XI de la Ley de Presupuesto. Cuando nadie se lo esperaba, todo el capítulo XI terminó siendo rechazado en Diputados, donde una mayoría circunstancial, donde se contaron incluso aliados del mileísmo pero con compromiso con la Universidad pública, se unió para sostener los fondos a las Universidades y la emergencia en Discapacidad.

La Corte, la última palabra

“Milei, cumplí la ley”, decían los pasacalles montados por los gremios universitarios este martes a lo largo de la Avenida de Mayo.

Pero la ley está judicializada. El Gobierno puso todo el aparato jurídico gubernamental, que hoy maneja, para confrontarla. “Es la primera vez en la historia argentina que un gobierno litiga en contra de las universidades para no cumplir una ley”, dice el abogado constitucionalista Pablo Manili, que hizo la presentación en la Justicia en representación de las 59 universidades nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El juez Cormick concedió la cautelar en diciembre y ordenó aplicar artículos centrales de la ley, ligados a la actualización de salarios y becas estudiantiles. La Cámara de Apelaciones confirmó la medida. Pero la ejecución de la sentencia fue suspendida al concederse el recurso extraordinario al Gobierno ante la Corte Suprema. Las Universidades apelaron y consideran que debe ponerse en marcha ya la ejecución de la sentencia.

Reclamaron asimismo a la Justicia se intime al Poder Ejecutivo a dar inmediato cumplimiento, caso contrario aplicar multas diarias a los funcionarios y trasladar la desobediencia a la justicia en lo criminal.

De cumplirse la ley, ésta establece la recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 a la fecha de sanción de la ley, calculada sobre la base de la inflación acumulada. A partir de entonces, los salarios deberían actualizarse de forma mensual siguiendo el IPC.

La palabra final la tiene la Corte: por eso el documento de la marcha de este martes se dirige a los supremos y les pide que "no permitan que el Gobierno siga incumpliendo la ley". En su guerra, el Gobierno llegó incluso a recusar a los jueces de la Corte, señalando que por ser docentes universitarios, podrían definir con parcialidad.

“La crisis no es solo presupuestaria; como ciudadanas y ciudadanos, debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación”, se advierte con dramatismo en el documento de los rectores leído este martes desde el palco en Plaza de Mayo.

dLo paradójico es que en la Argentina, la universidad pública pese a todo -con sus problemas, defectos, carencias-, funciona. O eso es lo que se considera masivamente, según los estudios de opinión pública. Las Universidades Públicas son la institución que mayor confianza genera entre los argentinos, con valores que superan el 70 por ciento; en el otro extremo de las consideraciones, pelean los últimos puestos los sindicatos, el Poder Judicial, los partidos políticos, según se ha señalado en trabajos de investigación de Poliarquía y Zuban Córdoba, entre otros.

Unos 2 millones de personas cursan sus estudios en universidades públicas, alrededor del 80 por ciento de los estudiantes de nivel superior en la Argentina. Un acceso libre y sin arancel a la educación superior, que marca una diferencia notable con otros países de la región.

Muchos creen que ese modelo distintivo que garantizó la movilidad social está en riesgo ahora en la Argentina.