La Federación de Acopiadores, organizadora del Congreso A Todo Trigo realizado esta semana en Mar del Plata, decidió meterse de lleno en uno de los temas más sensibles y polémicos que atraviesan hoy al agro bonaerense: el debate sobre una posible Ley de Suelos para la provincia de Buenos Aires.

El disparador fue un anteproyecto elaborado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (CIAFBA), que busca revertir el proceso de degradación que sufren los suelos productivos tomando como referencia el modelo uruguayo, donde los productores deben presentar planes de uso y rotación a cuatro años avalados por profesionales certificados. Pero la iniciativa encendió rápidamente posiciones encontradas dentro del sector. Mientras algunos consideran indispensable avanzar hacia un esquema de conservación más exigente, otros advierten sobre el riesgo de sumar burocracia y controles.

El panel reunió a técnicos, ex funcionarios, investigadores y representantes de productores, y dejó en evidencia una discusión profunda sobre hasta dónde puede intervenir el Estado en las decisiones productivas y cuál es el verdadero estado de los suelos agrícolas argentinos.

Uno de los expositores fue Sebastián Mazzilli, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, quien relató la experiencia del país vecino, considerada una referencia internacional en manejo y conservación de suelos. “En Uruguay tenemos vocación de cartografía”, resumió, al explicar que el sistema se apoya en un conocimiento detallado de cada ambiente productivo y en modelos que permiten estimar el nivel de erosión tolerable para cada suelo.

Según explicó, desde la puesta en marcha de la experiencia piloto en 2010 el sistema fue creciendo de manera gradual y hoy existen unas 1,7 millones de hectáreas bajo planes de manejo. Allí, los productores deben presentar un esquema de cultivos y rotaciones ajustado a parámetros técnicos destinados a minimizar la erosión. “La erosión estimada anual tiene que ser menor a la tolerancia del suelo”, explicó. Cada plan debe estar firmado por un ingeniero agrónomo acreditado.

Mazzilli reconoció además que uno de los conceptos que más resistencia genera entre productores es considerar que “el suelo es un bien social”, una definición que puede chocar con la idea de propiedad privada de la tierra. Sin embargo, sostuvo que el sistema uruguayo logró amplio consenso. “La ley tiene respaldo de la academia y los técnicos, e incorporó a los propietarios de la tierra a la discusión. Es un sistema dinámico y participativo”, afirmó.

En representación del CIAFBA, Guillermo Studdert explicó los fundamentos técnicos del anteproyecto bonaerense y advirtió sobre el deterioro que vienen sufriendo los suelos provinciales. “Los suelos de la provincia de Buenos Aires están sufriendo degradación intensa de forma acelerada”, alertó. Según detalló, entre los principales problemas aparecen la pérdida de materia orgánica, cambios en la actividad biológica, compactación y procesos de sodificación asociados a malas prácticas de manejo y riego.

“Como profesionales, algo tenemos que hacer para reducir o revertir esos procesos”, sostuvo Studdert. El especialista remarcó que actualmente existe legislación ambiental general, pero no una normativa específica enfocada en conservación de suelos agrícolas.

El proyecto presentado propone definir distritos de conservación para identificar áreas críticas degradadas y establecer planes obligatorios de uso y manejo por períodos mínimos de cuatro años. Los responsables serían tanto el productor como el propietario del campo. Además, prevé estímulos y sanciones, junto con programas de divulgación y capacitación técnica.

Studdert recordó además que existen antecedentes exitosos en otras provincias. Como ejemplo mencionó la ley pampeana vinculada al cultivo de maní, que obliga a intercalar franjas de cultivos altos para disminuir la erosión eólica.

Pero no todos miran con simpatía la posibilidad de avanzar en una nueva regulación. La posición más crítica estuvo representada por Gabriel Vázquez Amábile, integrante del Movimiento CREA, quien dejó en claro que comparte la preocupación por el cuidado del recurso, aunque cuestionó el enfoque del proyecto.

“El suelo es el primer recurso que tenemos. Coinidimos en la intencionalidad, pero nos preocupa la direccionalidad”, afirmó. Y agregó una advertencia que resonó fuerte entre los asistentes: “Nos preocupa que esto se transforme en un impuesto”.

Para Vázquez Amábile, el proyecto no parte de “un análisis exhaustivo con indicadores objetivos” y corre el riesgo de caer en una mirada punitiva hacia el productor. “Se criminaliza al productor. Hay que buscar el incentivo, no el garrote”, sostuvo.

El representante de CREA también buscó contextualizar las decisiones productivas que muchas veces derivan en procesos de degradación. “Abandonamos la rotación con pasturas porque desde 1960 todos los gobiernos intervinieron el precio de la carne”, recordó. Según explicó, el productor termina respondiendo a señales económicas y no necesariamente a una lógica extractiva deliberada.

“La extracción de nutrientes aumenta a la par que aumenta el rinde de indiferencia”, señaló, al mostrar cómo la presión económica fue empujando sistemas cada vez más intensivos. “El productor no está mirando otro canal, está mirando el suelo. La profesionalización de la agricultura es importante, pero no se puede criminalizar al productor”, insistió.

El ex ministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarquís intentó ubicarse en una posición intermedia y planteó la necesidad de encontrar consensos. Su exposición comenzó con una pregunta al auditorio: cuántos productores realizan análisis de suelo y de micronutrientes en sus campos. La respuesta, reconoció, fue minoritaria.

“Hay que tener un control”, afirmó Sarquís, aunque enseguida reconoció el temor que existe entre productores. “El productor dice: ‘No quiero que venga alguien a decirme qué tengo que hacer en el suelo’”, explicó. Por eso consideró que cualquier iniciativa deberá construirse con mucho diálogo. “Hay que marketinearla bien a la ley. Tiene que haber un equilibrio real”, sostuvo.

La discusión quedó lejos de cerrarse, pero el debate ya está instalado. Con más de 10 millones de hectáreas agrícolas y 7 millones ganaderas en la provincia de Buenos Aires, el desafío pasa por encontrar mecanismos que permitan preservar uno de los principales recursos estratégicos del país sin generar un nuevo foco de conflicto dentro del sector productivo.