Este lunes, 6 de abril, el gobernador de Florida Ron DeSantis convirtió en ley el proyecto HB 1471, una nueva norma que le otorga amplios poderes al Ejecutivo estatal para designar organizaciones terroristas. La medida entrará en vigor el 1º de julio de 2026.

La ley, apodada como una norma "Anti Sharia", había suscitado polémica desde su presentación ante la Cámara de Representantes hace unas semanas, pues tiene la potestad de ordenar la expulsión inmediata de estudiantes universitarios que promuevan ideas o acciones de las organizaciones que se encuentren en la lista.

En un acto público celebrado este lunes, DeSantis respaldó la legislación y señaló su alcance práctico. Sostuvo que la ley "da el marco regulatorio" para designar como terroristas a distintos actores. El Tren de Aragua, Antifa y el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) serían algunas de las candidatas a recibir la designación de "terroristas" bajo la nueva norma, según replicó el gobernador a los periodistas locales.

Sin embargo, hay un riesgo en equiparar a bandas criminales como el Tren de Aragua o el MS-13 con movimientos políticos de extrema izquierda como Antifa o el Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés).

Por qué la nueva Ley HB 1471 de Florida genera polémica

En materia de seguridad, la HB 1471 otorga al Jefe de Seguridad Nacional de Florida la facultad de designar organizaciones como "terroristas domésticas" o "extranjeras". Para obtener esa categoría, una organización doméstica debe operar en el estado o el país, participar en presuntas actividades terroristas y representar una amenaza continua para la seguridad de Florida.

El gobernador de Florida Ron DeSantis aprobó la ley 1471. Foto X:com/@GovRonDeSantis

Jonathan Webber, director de políticas del Southern Poverty Law Center, advirtió hace días al Miami Herald que la ley "viola principios constitucionales fundamentales porque permite que una organización sea catalogada como terrorista nacional sin que el grupo, sus líderes o sus miembros tengan una condena penal previa".

Esa ausencia de requisito judicial significa que una organización podría perder contratos, financiamiento y su estatus corporativo antes de que ningún tribunal la haya declarado culpable de delito alguno.

De todos modos, para designar a una organización como terrorista, la ley señala que el gobernador y el gabinete deben aprobar cada designación por voto mayoritario, y las organizaciones afectadas tienen derecho a solicitar revisión judicial.

Las claves para entender los alcances de la ley HB 1471

La legislación prohíbe que cualquier tribunal, agencia administrativa o panel de arbitraje del estado aplique leyes extranjeras o religiosas cuando esa aplicación resulte en una violación de derechos garantizados por la Constitución estadounidense. La norma define "ley religiosa" como cualquier código legal asociado a una religión basado en textos sagrados e incluye explícitamente la ley Sharia entre los ejemplos.

Los tribunales tampoco podrán ejecutar sentencias extranjeras ni cláusulas contractuales que contravengan derechos constitucionales o que sean consideradas contrarias a "los principios fundamentales de lo que es decente y justo", según establece el texto.

La ley sí contempla una excepción: los asuntos eclesiásticos internos de organizaciones religiosas, como la selección de clérigos o la interpretación de doctrina propia, quedan fuera de estas restricciones.

Las consecuencias más directas para familias recaen sobre el sistema de educación superior pública. La ley ordena la expulsión inmediata de cualquier estudiante universitario o de colegio comunitario determinado como promotor de una organización terrorista designada. Ese mismo estudiante pierde la elegibilidad para becas estatales, ayuda financiera y exenciones de matrícula, y queda sujeto al pago de tarifas correspondientes a estudiantes foráneos, un costo que en muchos casos duplica o triplica el valor habitual de la matrícula.

Para determinar cuándo un estudiante "promueve" el terrorismo, la norma exige que sus declaraciones o acciones apoyen o alienten la violencia extralegal de una organización y que, en contexto, sean interpretadas como una amenaza real, interrumpan materialmente el ambiente de aprendizaje o constituyan apoyo material o reclutamiento para esa organización.

En el ámbito corporativo, el Departamento de Estado de Florida adquiere la potestad de disolver administrativamente cualquier corporación designada como organización terrorista. Las agencias estatales y subdivisiones políticas tienen prohibido contratar con esas organizaciones o aceptar fondos de ellas.

La Legislatura de Florida aprobó dos leyes polémicas. Foto: D.Soute, WUSF.

Las escuelas privadas que deseen participar en programas de becas estatales deben demostrar que no tienen vínculos, propiedad ni financiamiento proveniente de organizaciones terroristas o pandillas criminales, según establece la legislación.

El homólogo de DeSantis en Texas, el gobernador republicano Greg Abbott, aprobó una norma similar el año pasado. Una ley que no solo abrió la puerta para catalogar a CAIR como organización terrorista, sino que también prohibió que personas con nacionalidades de China, Corea del Norte, Irán o Rusia adquieran propiedades en el estado.