En abril de 2023, el derrumbe de una vivienda tomada generó conmoción en Floresta. Sobre Avenida Rivadavia al 8700 decenas de familias quedaron atrapadas en medio de una montaña de escombros. El colapso de dos losas provocó la muerte de tres personas, entre ellas una nena de 12 años.

Este incidente reveló que en la propiedad vivían 30 familias y más de cien personas; se habían realizado construcciones precarias dentro de los ambientes existentes, subdivisiones y entrepisos. La estructura original no resistió, lo que finalmente provocó el derrumbe. Y además se reveló que no era la única vivienda tomada en el barrio.

Así, en aquel momento, Clarín dió con una historia: la de Patricia Castro y su peregrinaje ante la Justicia y los organismos del Estado para recuperar una propiedad que había sido adquirida por la familia en 1968 y terminó tomada durante la pandemia.

Ayer la de Patricia se convirtió en la propiedad número 800 recuperada por la Ciudad, según datos compartidos por el Ejecutivo porteño. La casa de los Castro está ubicada en Bahía Blanca y Bacacay y durante décadas funcionó como un clásico hotel - pensión de barrio. Una clásica construcción de dos plantas, probablemente construida en las primeras décadas del 1900, como muchas otras por la zona.

Pero la vivienda "había dejado de funcionar como hotel - pensión muchos años atrás. En 2018 mi papá comenzó a alquilarla a un grupo familiar de origen boliviano. Le pagaban muy poco, pero él los estimaba y se veía reflejado en ellos, porque tanto mis abuelos, como mi padre y mi madre, fueron inmigrantes españoles e italianos y sufrieron el desarraigo", contó Patricia a Clarín en 2023.

La casa recuperada por Patricia Castro. En la foto, junto a su mamá y el jefe de gobierno, Jorge Macri. Foto: GCABA

La situación se complicó cuando falleció el papá de Patricia: "Los inquilinos dejaron de pagar el alquiler, sub alquilaron las habitaciones a otras familias y transformaron el lugar en un taller textil, en un depósito y por momentos en una cocina de comida para venta ambulante".

Ayer Patricia le dijo a Clarín que "habia perdido las esperanzas. Por la zona los vecinos vemos que hay muchas casas tomadas, en las que pueden llegar a operar talleres clandestinos. Entonces yo entendí que la propiedad no me la iban a devolver por voluntad propia".

Cuando ocurrió aquel derrumbe fatal de 2023, Patricia contó que había comenzado a pagar un seguro; tenía miedo de que pudiera ocurrir algo similar y que tuviera que correr con la responsabilidad sobre una tragedia. Además continuó pagando el impuesto inmobiliario local.

Patricia en mayo de 2023, ya con los trámites de desalojo iniciados. Foto: Luciano Thieberger

Cuando vio los operativos que viene haciendo el gobierno de la Ciudad, decidió acercarse y hablar con los funcionarios. "No me quedé quieta. En la Justicia la causa estaba como frenada, permanentemente con apelaciones", relató Patricia. Al final, logró que un funcionario la escuché, le compartió toda su carpeta judicial y ayer temprano la contactaron para avisarle que ese mismo día sería el operativo.

Fue hasta la puerta de su casa con su madre, herederas originales ambas de esa propiedad.

Las tomas y los desalojos revelan no sólo la emergencia habitacional que padecen miles de familias en plena Ciudad de Buenos Aires, sino la falta de controles por parte del Estado y la maraña de trámites que deben sortear los propietarios para recuperar algo que les pertenece.

Por peligro de derrumbe, la casa ahora quedó clausurada. Foto GCABA

Pero incluso la propia Ciudad se mostró históricamente limitada ante las tomas; el año pasado recuperó una propiedad histórica, como la Casa Blaquier, que estuvo tomada 40 años. Ubicada en pleno casco histórico, a pocos metros de la Casa Rosada, estaba habitada por más de 80 personas.

En el caso de Patricia, su periplo la llevó por la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el Ministerio Público Fiscal (MPF), la Policía porteña y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Y logicamente, por la Justicia. Lograron una orden de desalojo en 2023, pero nadie la ejecutó. Hasta ahora.

"En la casa había 12 personas, 4 de ellas menores de edad. Eran cuatro familias de origen boliviano. Todos fueron censados por la Red de Atención. Sólo una mujer fue trasladada a un hotel, el resto decidió mudarse a casas de familiares. Y dos personas recibirán apoyo económico", explicaron desde el gobierno porteño. La Red de Atención es un programa de asistencia a personas y a familias en condición de emergencia social; depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

Las familias desarmaron las máquinas de coser antes de irse de la casa. Foto GCABA

Según se puede ver en las imágenes, las familias trabajaban con textiles. "Antes de irse intentaron desarmar las cinco máquinas de coser que usaban en el taller. La propiedad ahora se encuentra clausurada por la Guardia de Auxilio, debido a que existe riesgo de derrumbe", ampliaron.

En el último mes, en tres operativos, se detectaron talleres textiles clandestinos. En uno de ellos -sobre calle Barzana, en Parque Chas- detectaron 17 menores trabajando.

PS