La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó una amplia reforma destinada a acelerar la construcción de viviendas e infraestructura crítica en todo el estado. El plan, denominado “Let Them Build” (“Déjenlos construir”), modifica reglas ambientales vigentes desde hace cinco décadas y apunta a reducir costos, eliminar revisiones duplicadas y acortar plazos para nuevos proyectos.

La iniciativa forma parte del presupuesto estatal para el año fiscal 2027 e incluye las reformas más importantes realizadas sobre la Ley Estatal de Revisión de la Calidad Ambiental (SEQRA) desde su creación en 1975.

Según la administración estatal, los proyectos de vivienda e infraestructura en Nueva York pueden tardar hasta un 56% más, desde su concepción hasta el inicio de las obras, en comparación con otros estados similares. El gobierno sostiene que esos procesos elevan costos y frenan inversiones vinculadas a viviendas, sistemas de agua potable, escuelas públicas, parques y obras ambientales.

“La burocracia y las revisiones redundantes han impedido que Nueva York lleve a cabo las construcciones que nos convirtieron en la envidia del mundo, encareciendo nuestras viviendas y dejando obsoleta nuestra infraestructura; eso se acaba hoy”, declaró la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado oficial.

“Al eliminar estas barreras y empoderar a las comunidades de todo el estado, estamos trabajando para reducir los costos de la vivienda y la infraestructura esenciales, y enviando un mensaje claro: ahora es el momento de construir”, agregó la gobernadora.

Los proyectos de vivienda e infraestructura en Nueva York pueden tardar hasta un 56% más. Foto Shutterstock.

¿Qué cambiará con la reforma?

Uno de los principales cambios permitirá eximir de revisiones ambientales duplicadas a determinados proyectos de vivienda que cumplan ciertos requisitos. Las nuevas reglas alcanzarán construcciones sobre terrenos previamente urbanizados y conectados a sistemas existentes de agua y alcantarillado.

En Nueva York, la medida se aplicará a proyectos de hasta 250 unidades en toda la ciudad y hasta 500 unidades en zonas de densidad media y alta. En áreas urbanizadas fuera de la ciudad, el límite será de 300 unidades. En zonas no urbanizadas, la reforma alcanzará proyectos de hasta 100 viviendas y hasta 20 unidades en lugares sin zonificación.

El gobierno estatal aclaró que la ley no elimina permisos ambientales ni reemplaza la autoridad de zonificación local. Sin embargo, sí reduce procesos considerados repetitivos dentro de la evaluación estatal.

La iniciativa forma parte del presupuesto estatal para el año fiscal 2027. Foto: AP/Hans Pennink.

Según datos citados por la administración Hochul, las revisiones vinculadas a la SEQRA pueden retrasar proyectos de vivienda hasta dos años. El estado estima además que esos procedimientos aumentan el costo de construcción en aproximadamente 82.000 dólares por unidad dentro de la ciudad de Nueva York.

Como ejemplo, el gobierno señaló que un proyecto de 100 viviendas puede enfrentar costos adicionales cercanos a los 8 millones de dólares debido a las demoras y requisitos administrativos asociados a las revisiones ambientales.

Excenciones para proyectos con prioridad

La reforma también incorpora nuevas exenciones para proyectos de infraestructura considerados prioritarios. Entre ellos aparecen obras de agua potable, infraestructura verde para manejo de aguas pluviales, parques públicos, senderos peatonales y nuevos edificios escolares construidos por la Autoridad de Construcción Escolar de Nueva York.

Nueva York aprueba una reforma histórica para acelerar la construcción de viviendas. Foto de archivo.

Las autoridades sostienen que muchas de estas obras no generan impactos ambientales significativos y, por lo tanto, no deberían enfrentar procesos prolongados de revisión.

Reducción del tiempo de los plazos

Otro de los cambios importantes establece un plazo máximo de dos años para completar declaraciones de impacto ambiental. Según el gobierno estatal, la falta de tiempos definidos generaba incertidumbre tanto para promotores inmobiliarios como para gobiernos locales y podía provocar fuertes aumentos presupuestarios.

El gobierno estatal considera que las reformas permitirán acelerar proyectos en comunidades de todo el estado sin abandonar los estándares ambientales ni la protección de los recursos naturales.