El acuerdo de cooperación militar naval entre la Argentina y el Comando Sur de EE.UU., anunciado días atrás, denomina oficialmente a la iniciativa como "Programa de Protección de los Bienes Comunes Globales", un término central en la discusión geopolítica.

Dicho concepto justifica el patrullaje conjunto en el Atlántico Sur al definir la zona como un espacio internacional, lo que ha generado críticas por la supuesta "internacionalización" de recursos soberanos. Al colocar el combate contra la pesca ilegal bajo el paraguas conceptual de la defensa de los "bienes comunes globales", el Gobierno argentino acepta una formulación nacida en las Naciones Unidas que, en otros temas de la agenda internacional, viene desconociendo y rechazando.

¿Cómo se compatibiliza la custodia supranacional de un bien público global con el resguardo de la soberanía territorial, por un lado, y con el dogma libertario, por el otro, el cual rechaza, por definición, la gobernanza transnacional y la intervención del Estado?

Para la ortodoxia de la Escuela Austríaca, los bienes públicos son una ficción teórica diseñada para justificar la coacción fiscal. Desde la perspectiva de Murray Rothbard, pensador de cabecera del presidente Milei, todo recurso —desde un faro hasta el lecho marino— es pasible de ser privatizado y gestionado mediante contratos voluntarios.

El libertarianismo puro sostiene que “el drama de la milla 201” no es la falta de buques de guerra estatales, sino la "tragedia de los (bienes) comunes": aquello que pertenece a todos no pertenece a nadie y, por ende, el incentivo del actor racional es depredarlo antes de que lo haga el vecino. En este caso, la solución libertaria teórica no sería el patrullaje militar conjunto, sino la asignación de derechos de propiedad transferibles sobre las cuotas de pesca.

Otro autor de cabecera del presidente Milei, el economista libertario Walter Block, rechaza de manera explícita la idea de considerar a los océanos como "bienes comunes globales". Desde su perspectiva alineada con el anarco-capitalismo, esta etiqueta estatal e internacional sería el origen de los peores problemas ecológicos y económicos del mar. En su obra "Capitalismo del agua: El caso para la privatización de océanos, ríos y lagos" (escrita junto a Peter Lothian Nelson), Block plantea que, al declarar a los océanos como un "bien común global", se incentiva a que barcos de todo el mundo extraigan la mayor cantidad de peces lo antes posible antes de que lo haga otro.

Este “socialismo del agua” (así lo denomina) destruye la fauna marina porque nadie tiene un interés financiero a largo plazo en cuidar el ecosistema. La solución que propone Block no es la regulación de los gobiernos ni los tratados de patrullaje internacional, sino la privatización total del agua: su propuesta consiste en dividir el océano en parcelas de propiedad privada.

Pero la gestión del poder real suele colisionar con las formulaciones teóricas o ideológicas demasiado rígidas. Es aquí donde aparece el puente del “minarquismo”, esa escala técnica que permite a los libertarios apartarse de la utopía anarcocapitalista para abrazar el pragmatismo.

Al aceptar que el Estado debe conservar el monopolio de la fuerza, la justicia y la defensa, el minarquismo encuentra una rendija para justificar acuerdos como el firmado con Washington. El patrullaje bilateral de las aguas del Atlántico Sur se convierte en un ejercicio de realismo político.

La alianza no nace de la austeridad fiscal, sino de una decisión estratégica: insertar al país en el esquema de seguridad hemisférica de la Administración Trump conocido como "Escudo de las Américas". Proteger la Zona Económica Exclusiva ya no se lee como una regulación estatista de la economía, sino como la defensa armada de las fronteras y de la propiedad de los ciudadanos frente a un saqueo extranjero.

Al asociarse con la principal potencia occidental para la protección de "bienes comunes globales", el gobierno libertario valida una definición de cuño multilateral para resolver un problema de soberanía nacional. En definitiva, el Atlántico Sur expone el límite donde la teoría económica cede ante la geopolítica. Frente a flotas extranjeras que operan al filo de la legalidad internacional, el mercado no ofrece una respuesta espontánea eficiente.

El acuerdo con Estados Unidos demuestra que, en el mar de la práctica, la defensa del territorio obliga a archivar —al menos temporalmente— las banderas de la privatización absoluta en favor del resguardo del interés nacional y de los “bienes comunes globales”. Acaso también, lleven a reconsiderar ciertas ideas descabelladas, utópicas o distópicas...