La publicación no cierra el contenido de los libros de ciertos autores. La obra queda luego en manos de discípulos que la continúan, la simplifican o la convierten en doctrina oficial. A veces, la fidelidad consiste en traicionar al maestro. Ocurrió con Keynes y también, de otro modo, con Maquiavelo.

Ya hemos tenido oportunidad de referirnos a los graves problemas institucionales de la obra de Keynes. Teoría General, en la depresión de los años ‘30, en un mundo sacudido por la depresión y el temor al comunismo y al fascismo, fue una obra de oportunidad.

Un resultado propio del kaleidoscopio keynesiano donde siempre se encuentran respuestas a gusto del lector. El propio Keynes, según recordó Hayek, no parecía pensarla como definitiva. Pero los discípulos rara vez heredan las dudas de los maestros: heredan sus fórmulas.

El keynesianismo posterior desarrolló una teoría intervencionista permanente del gobierno económico, con puntos de contacto con el corporativismo de la época. Una autorización general para dirigir la economía desde el Estado con olvido de los derechos de los habitantes.

De allí derivaron el culto al gasto público, la naturalización del déficit, la expansión de la deuda, el desprecio por el ahorro y la inversión administrada por funcionarios capaces de sustituir al mercado.

La consecuencia institucional fue más profunda que la económica. El keynesianismo ofreció al poder político un argumento sofisticado para gastar más, distribuir privilegios, cerrar la economía, regular y postergar los costos.

La “eutanasia del rentista” fue el fundamento moral de una expropiación silenciosa de los ahorros por inflación, represión financiera y soberanía monetaria. El proteccionismo apareció como nuevo mercantilismo: aislarse del comercio y llamar independencia a lo que muchas veces era privilegio corporativo.

En Keynes subyace un fuerte contenido antidemocrático. Su propuesta política imaginaba a una minoría ilustrada que podía administrar la economía aun sin cumplir con los límites constitucionales. Sus discípulos agravaron ese error al convertir la emergencia en régimen y la política anticíclica en cultura de gobierno.

Algo semejante ocurrió con Maquiavelo. Fue un revolucionario del pensamiento político porque describió el poder político y evitó la retórica moral habitual en las obras de la época. Pero no fue solamente el autor de El Príncipe. En los Discursos sobre la primera década de Tito Livio defendió la energía republicana, el conflicto ordenado y la libertad frente a la corrupción. Maquiavelo enseñó a mirar el poder, no necesariamente a adorarlo.

Pero desde comienzos del siglo XX aparecieron los maquiavelistas: Mosca, Pareto, Michels, Sorel, y luego James Burnham, dando una nueva interpretación a su obra.

Su punto de partida era áspero: toda sociedad es gobernada por minorías; toda democracia tiene una elite; toda fórmula política encubre una relación de mando; toda organización tiende a producir oligarquía.

En Burnham, esa escuela pretendía defender la libertad mostrando sus enemigos reales. Pero su realismo podía transformarse en resignación: si siempre gobiernan minorías, el pluralismo queda degradado a ceremonia y la libertad puede ser ilusión administrada.

Allí aparece el punto de contacto con los keynesianos. Ambos grupos parten de una desconfianza hacia el orden espontáneo. Los keynesianos desconfían del mercado. Los maquiavelistas desconfían de la democracia deliberativa y de la capacidad de los ciudadanos para gobernarse.

En ambos casos, el mundo común queda entregado a especialistas: economistas que administran la demanda o elites que administran el poder. El ciudadano se convierte en paciente, contribuyente, consumidor regulado o masa electoral.

Meinecke vio en el maquiavelismo moderno la historia de la razón de Estado: la tensión entre moral y necesidad, entre derecho y poder. Esa tensión es real. Ningún Estado vive solamente de sermones. Pero cuando la razón de Estado se emancipa del derecho, el resultado no es prudencia sino absolutismo. La necesidad se vuelve argumento universal; todo límite constitucional parece ingenuo.

Burnham agrega una clave decisiva. En “La revolución de los managers” sostuvo que el capitalismo competitivo estaba siendo reemplazado por una sociedad gerencial, controlada por administradores, burócratas y técnicos.

Esa tesis une los dos mundos. La economía deja de ser un orden abierto de propietarios y emprendedores para convertirse en un campo dirigido por expertos; la política deja de ser competencia pluralista para transformarse en administración de elites. El mercado y la democracia sobreviven como vocabulario, pero el mando efectivo pasa a los gerentes del Estado y de las corporaciones.

La Argentina conoce bien esa alianza entre economía dirigida y razón de Estado. Se la ha invocado para justificar emergencias permanentes, controles de precios, cierres comerciales, confiscaciones monetarias, deuda irresponsable y privilegios sectoriales. Cada fracaso produjo una nueva explicación técnica y una nueva promesa de salvación. Rara vez produjo devolución de poder.

La enseñanza común es clara. Keynes dejó una teoría de crisis; los keynesianos construyeron una doctrina de gobierno. Maquiavelo dejó una ciencia del poder; los maquiavelistas pudieron convertirla en fatalismo elitista. Frente a ambos excesos, la respuesta constitucional sigue siendo la misma: limitar el poder, preservar la competencia, defender el ahorro, proteger la propiedad y recordar que ninguna emergencia justifica convertir la excepción en sistema.