Comenzó a discutirse en el Senado una nueva ley de biocombustibles para la Argentina con todos los representantes del negocio. Fue la primera jornada en el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. En total, se presentaron 5 proyectos de ley.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue el primero en hablar y manifestó el respaldo del Poder Ejecutivo al proyecto de nueva ley de biocombustibles presentado por la senadora Patricia Bullrich y otros legisladores, al considerar que contiene los principales lineamientos sobre los que viene trabajando el Gobierno junto a los distintos actores de la cadena.

"Desde el Poder Ejecutivo consideramos que es oportuno discutir una nueva ley de biocombustibles", afirmó González, quien destacó que la iniciativa busca encontrar un equilibrio entre productores, consumidores, Estado y sectores industriales involucrados.

El funcionario explicó que el proyecto contempla elevar el corte obligatorio de biodiésel en 2,5 puntos porcentuales y el de etanol en 3 puntos, lo que eleva al 10% y 15%, respectivamente.

Sin embargo, aclaró que cualquier incremento en la participación de biocombustibles genera impactos diferenciados entre los distintos actores de la economía.

En el caso del biodiésel, señaló que la principal preocupación del Gobierno está vinculada al costo para los consumidores. Según indicó, el biodiésel continúa siendo significativamente más caro que el combustible fósil con el que se mezcla.

"Antes de la suba internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente, el biodiésel tenía un costo aproximadamente 80% superior al fósil. Hoy esa diferencia es menor, pero sigue siendo sustancial", explicó.

Por ese motivo, rechazó propuestas que impulsan una duplicación del corte obligatorio. "No vemos lógica en duplicar el corte de biodiésel porque implicaría un aumento estructural y permanente en el costo del gasoil que se consume en todo el país", sostuvo. Según detalló, eso impactaría directamente sobre el transporte, la producción agropecuaria y los usuarios finales.

En contraste, González consideró que la situación del etanol es diferente. Aseguró que el costo del bioetanol se encuentra en niveles similares al combustible fósil con el que se mezcla, por lo que un aumento en el corte no tendría efectos negativos significativos sobre el precio de las naftas.

Por ello, defendió la propuesta de elevar el corte de etanol del 12% al 15%, manteniendo 6 puntos para el etanol de caña y 6 para el etanol de maíz, mientras que los tres puntos adicionales quedarían sujetos a libre competencia.

En este sentido, el funcionario estimó que, por cuestiones de eficiencia productiva, ese volumen adicional sería abastecido mayoritariamente por el sector maicero. "En términos prácticos, el etanol de maíz aumentaría cerca de un 50% su volumen de participación", explicó.

No obstante, recordó que cada punto adicional de corte tiene consecuencias fiscales debido a que los biocombustibles están exentos del impuesto a los combustibles líquidos. "Cualquier aumento de corte tiene un impacto inmediato negativo en los ingresos del Estado Nacional", remarcó.

Respecto del biodiésel, González defendió el esquema propuesto por la iniciativa, que establece un corte mínimo del 10%. A su entender, se trata de "un gran equilibrio" entre el beneficio para los productores, un impacto fiscal moderado y un incremento limitado en el costo del gasoil.

Otro de los aspectos centrales destacados por el funcionario fue la eliminación progresiva del sistema de cupos vigente. "Nosotros no creemos en los cupos, creemos en la competencia", afirmó en su disertación.

En ese sentido, explicó que el proyecto prevé una apertura inmediata a la competencia en el mercado de etanol, mientras que en biodiésel la transición sería gradual, con una reducción progresiva de los cupos durante un período de cinco años.

Además, aclaró que los porcentajes establecidos en la ley funcionarían como pisos mínimos y no como techos. "Estos cortes pueden ser incrementados en cualquier jurisdicción si así lo quisieran", señaló.

González también destacó que la iniciativa propone otorgar previsibilidad a largo plazo, fijando los porcentajes mínimos de mezcla por un período de 15 años. Según sostuvo, esta estabilidad resulta clave para las inversiones y para sectores como el automotriz, que requieren calibraciones de motores adaptadas a mezclas previsibles y permanentes.

Finalmente, el funcionario aseguró que el proyecto reúne un amplio consenso entre los principales actores involucrados. Mencionó el acompañamiento de productores de etanol, sectores del biodiésel, empresas petroleras y compañías automotrices. "Se me hace difícil imaginar un proyecto de mayor consenso que éste, entendiendo que el consenso absoluto no va a existir", concluyó.