Con justificada razón funcionarios y especialistas, civiles y militares, en Estados Unidos y América Latina y el Caribe, subrayan la notable relevancia que hoy tiene la región para la administración Trump. No sorprende entonces que las referencias a lo que es “su hemisferio occidental” aparezcan en más de 50 órdenes ejecutivas, proclamas presidenciales, comunicados, y documentos estratégicos.

Por ejemplo, en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de 2025, el “Western Hemisphere” se menciona 13 veces, mientras Rusia se nombra 10. En la Estrategia de Defensa Nacional de 2026, el hemisferio se cita 11 veces, apenas por debajo de Irán, al que se alude en 13 ocasiones.

Esto obedece a tres motivos: a) convertir forzosamente a Latinoamérica en parte trascendental de la contienda contra China; b) recuperar, no sin nostalgia, su tradicional esfera de influencia en clave de laboratorio de experimentación; y c) probar que puede disciplinar la región a bajo costo. En algunos casos, como Venezuela, el experimento se impone; en otros, no faltan gobiernos que invitan a Washington a ser escenario de algún ensayo.

Ahora bien, conviene situar esta idea del hemisferio occidental en un marco más amplio. Esa idea adoptó históricamente tres formatos. Uno geográfico, el hemisferio se extiende desde la Argentina hasta Canadá; el otro político, en la estructura del Departamento de Estado, el hemisferio cubre a América Latina y el Caribe, mientras Canadá se maneja separadamente.

Por último, militar, el Comando Sur cubre Latinoamérica y el Caribe, pero no México y Bahamas; al tiempo que Canadá, México y Bahamas son parte del Comando Norte. Lo novedoso es que asistimos a un singular intento de unificar geográfica, política y militarmente todo el hemisferio.

Así, el 5 de diciembre de 2025 se comunicó la creación del US Army Western Hemisphere Command que aglutina el US Army Forces Command, el US Army North (del Comando Norte) y el US Army South (del Comando Sur). Se trata de supervisar “todos los planes, la postura, las operaciones y la proyección de poder del Ejército en apoyo de los Comandos Norte y Sur de Estados Unidos”. A ello se debe sumar la activación de las Fuerzas Espaciales del Sur como parte del Comando Sur (SPACEFOR-SOUTH).

A su vez, el 5 marzo de 2026, ante 16 ministros de Defensa de la región (estaba el de la Argentina), el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció la nueva política de la “Gran Norteamérica”. Afirmó que los 17 participantes compartían la condición de ser “naciones cristianas bajo Dios” y habló de la “Greater North America” que se extendería de “Groenlandia a Ecuador y de Alaska a Guyana”. Añadió que “al sur del Ecuador”, se trata de “la defensa del Atlántico Sur y del Pacífico Sur” para “la protección de infraestructuras y recursos críticos en cooperación con nosotros”.

El propósito es evidente: asentarse en Groenlandia, incrementando la presencia militar directa y su eventual posesión; amenazar con la anexión de toda Canadá y azuzar el futuro referendo de secesión que se efectuará en el estado de Alberta el próximo 19 de octubre; retomar el Canal de Panamá, tratando de que el gobierno desmantele su relación con China; apropiarse de los recursos energéticos y minerales después del ataque militar a Venezuela; continuar las ejecuciones extrajudiciales de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico Este; y reforzar el estrechamiento de un cerco cruel sobre Cuba.

A lo anterior hay que sumar la decisión de República Dominicana de permitir que fuerzas armadas estadounidenses ingresen temporalmente a la base de San Isidro para combatir el narcotráfico; la intensificación de la cooperación militar Guyana que ha sido de tal magnitud que el mandatario guyanés, Irfaan Ali, debió aclarar que no se trataba de establecer una base estadounidense; y el acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador para que soldados estadounidenses se adicionen al combate contra “organizaciones terroristas” en el país andino luego de que el presidente Daniel Noboa perdiera el referéndum que incluía la instalación de bases extranjeras. En este contexto es bueno recordar un objetivo central que enuncia la ESN 2025: “establecer o ampliar el acceso a instalaciones estratégicamente importantes”.

Adicionalmente hay que subrayar el establecimiento de una coalición anti-carteles bajo el llamado “Escudo de las Américas” que no fue puesto entredicho por los 16 ministros de Defensa de la región ni por los 12 presidentes (entre ellos, el de Argentina) ante los cuales Trump destaco la iniciativa del “Escudo”; una iniciativa “para impulsar las prioridades compartidas en nuestro hemisferio”.

En ese contexto, la Argentina –el más grande entre los países mencionados– se ha convertido en un experimento estratégico-militar de Washington. No como producto de una imposición, sino por invitación. La envergadura y variedad de medidas, gestos y dichos hacia el Pentágono y el Comando Sur no tienen parangón. Y esto hace al tema de la soberanía.

En ese sentido, sería bueno que el Gobierno tomara nota de los resultados de la reciente encuesta AMLAT Radar 2026 (Fundación Ebert, Nueva Sociedad, Grupo Diálogo y Paz) hecha en 10 países de la región. La opinión pública argentina es la que más reivindica –56%- que la “Defensa de la Soberanía Nacional” sea la principal prioridad de la política exterior del país.