Si no ofrece prendas de entendimiento con sus aliados, Javier Milei puede disipar el principal activo que tiene, que es ser reelegible. En una semana de desaciertos, parece desarmar con los dedos la alianza con los dirigentes del espacio de centro derecha que hasta ahora lo sostuvieron, como si fuera desgajando una mandarina.
Mauricio Macri, Patricia Bullrich o Victoria Villarruel están hoy lejos de ese proyecto de reelección. Mas bien ensayan caminos propios para 2027. El gobierno no termina de adaptarse al Congreso que surgió de las últimas elecciones. Lo prueba el Waterloo del jueves, que desató una cacería dentro del oficialismo para ajustar responsabilidades.
El gobierno tiene una mayoría récord en el Senado, 44 voluntades y una organización política que no había tenido durante la primera legislatura.
Aún con esa mayoría le fue imposible controlar la sesión para sacarle provecho al poder que recibió de la sociedad. No logró impedir la designación de una candidata a juez que el presidente quería que no se tratase.
María Verónica Michelli no solo recibió aprobación, sino que además lo hizo con 2/3 de los votos de los presentes. Una mayoría que al gobierno le cuesta para imponer decisiones, y que esta vez lo dejó ante una derrota notable que afecta el proyecto presidencial.
¿Qué utilidad tiene juntar 44 votos en contra para apoyar a Michelli? Y no porque los senadores la amen. Sólo para mostrarle los dientes a Milei.
El capricho, política de estado
Este es un gobierno autoritario que levanta la lealtad y la obediencia como un mecanismo implacable. La voluntad presidencial no es un detalle personal, es política de estado. La retórica de la obediencia -que hasta acata Patricia Bullrich cuando habla de “objeción de conciencia”, término de la jerga militar inapropiado para esta situación- esconde caos en la conducción.
El gobierno insiste en la necesidad de la reelección de Javier Milei, siempre con el énfasis en el riesgo político que significan sus adversarios. Pone su destino en manos del futuro, pero a la vez arriesga la relación con sus aliados.
Desairar al jefe en deseos inconfesables, como su rechazo a la candidata María Verónica Michelli, es grave para un movimiento caudillista como La Libertad Avanza. Más si la desobediencia la formula la jefa del bloque, que tiene que coordinar el voto del oficialismo que suma su partido y los aliados del grupo de los 44.
Son agravios que van a tener consecuencias en el armado del bloque oficialista, que no termina de aprender a ser mayoría en una cámara que históricamente fue controlada por el peronismo, hoy reducido a 21 bancas sobre el total.
Olfato Pampa
La pirueta de Bullrich es una invitación a las especulaciones sobre los motivos. Obedece a instintos básicos de la política. Bullrich advierte que su público no está de acuerdo con los ataques de Milei a emblemas de la prensa. Sabe que los medios expresan la opinión de la burguesía que vota al no pejotismo. Si advierte que peligra la relación con su constituency, prefiere estar de ese lado y no del gobierno.
Es el mismo caso que envió a Sergio Massa a renunciar en julio de 2009 a la jefatura de gabinete de Cristina de Kirchner. Su gobierno venía de perder la guerra del campo (julio de 2008) y las legislativas de junio de 2009. No esperó a que Cristina enviase en agosto de aquel año el proyecto de ley de medios audiovisuales, que era el ataque para terminar con los medios que expresaban al electorado de Massa. Prefirió bajarse del gobierno.
Lo mismo hace Patricia. Saben todos que los gobiernos pasan y los medios siempre están ahí. Y en la opción no tienen ninguna duda.
El factor Villarruel
En el revés del Waterloo del jueves hay que incluir no solo a la rebelde de los Bullrich, que no solo dividió al bloque oficialista por un capricho presidencial, sino que además terminó absteniéndose en el voto -junto a la senadora chaqueña Silvana Schneider- seguramente por indicación de su gobernador Leandro Zdero, que milita en el lote de los gobernadores radicales mileidependientes.
También hay que agregar la tarea de Victoria Villarruel, que avaló en el recinto la idea de que debían votarse todos los pliegos de jueces, los 50 que tenían aprobación en comisión, los 20 que en la mañana del jueves agregó el ministro Juan Mahiques y el de la candidata Michelli. Con astucia de artillero, Villarruel manejó la trigonometría (es la ciencia de esa arma del ejército), para leer la situación del oficialismo antes de arrancar la sesión.
Sabía que iba a fracasar el intento de Juan Carlos Pagotto de no llevar el dictamen Michelli al recinto - ya tenía las 9 firmas - y que el retiro que pedía el Poder Ejecutivo no iba a prosperar. Eso le hizo entender no solamente que toda la cámara defendería el pliego de la cuestionada cuñada, sino que además los 20 que querían agregar podrían tener 2/3 de los votos para habilitar el tratamiento y lograr que fueran aprobados.
Tres opciones para 2027
Cuando llegó el momento en la sesión de discutir ese punto, retomó la conducción y facilitó el trámite que hizo aprobar todos los pliegos. El gobierno no le hace caso y no actúa para evitar las derrotas.
Ya le pasó con la ley de Bases, que apenas pasó en el Senado por un voto de diferencia que aportó ella en el desempate, y también con el DNU 70, que se les había avisado que iba a tener los votos para su derogación en la Cámara Alta.
Con esa astucia de artillero, Villarruel calcula triangulaciones de fuerza y el azimut de los misiles. Se aplica a su proyecto para 2027, que hoy tiene tres alternativas que acaricia como posibles, segura de que será candidata a algo.
Puede ser jefa de gobierno de CABA - nació en el distrito, aunque tiene residencia electoral en la provincia -, gobernadora de Buenos Aires o candidata a presidenta. Cuando admite estas alternativas presume que tiene un proyecto federal, desarrollista y católico que la separa del gobierno que la hizo vicepresidenta, ya que tiene energía para construir algo propio que puede ser clave para que Milei gane o pierda.
Lo que Milei deberá pagar
Villarruel puede ser un factor del cual dependerá el proyecto presidencial de reelección. Tiene en eso el mismo rol que puede tener para Milei un Mauricio Macri con una alternativa, o si la rebeldía de Patricia sigue haciendo músculo.
Son dirigentes que, si Milei no los contiene en el proyecto 2027, le pueden dividir ese electorado que, unificado, lo hizo presidente y le permitió alcanzar la mayoría legislativa en 2025. Esto no es gratis y el movimiento tendrá que hacerle frente.
Si quiere arriesgar su suerte, endurecerá la relación con Macri o con Villarruel. Si quiere paz en sus campamentos, que vaya pensando desde ahora cómo pagará para que esos dos aliados odiosos le abran el camino de la reelección.
Postergan el proyecto “doctrinario”
La debilidad del gobierno se prueba también cuando no puede tratar un proyecto de fuerte carga doctrinaria para su administración.
La iniciativa llamada con persuasión de “Inviolabilidad de la Propiedad” -como si ese derecho estuviese en peligro en la Argentina- es uno de los proyectos llamados ley manifiesto. Son normas legislativas que, más que reglamentar alguna materia, buscan proclamar la posición ideológica de un gobierno o de un partido ante sus electores.
Este tipo de leyes acumula varias materias de diverso orden para lograr aprobación de una cuestión discutible junto a otra que es obvio que todos aprobarán. Es un recurso de gobiernos débiles que necesitan simular una fuerza que no tienen.
El proyecto de ley de Bases tenía ese carácter, como su clon, el DNU 70/23. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad fue analizado en detalle por el oficialismo y sus aliados y calcularon, en la noche del miércoles, retirarlo del recinto. Ya fue desfigurado en temas que al gobierno le importaban mucho, como la aniquilación de la ley de barrios populares, que fue lo primero que impulsó. Siguieron otros capítulos que se sacaron en el debate de las comisiones.
Mayoría desperdiciada
La jugarreta de Bullrich de alzarse contra Olivos con la “objeción de conciencia” desbarató la tarea de filigrana que habían hecho los bloques en la oficina de Zimmermann.
Por esa razón el senador Coto pidió en el recinto que se pospusiera el debate de la norma hasta la próxima sesión. Lo hizo usando una cláusula del reglamento (artículo 140, inciso 7) que permite aplazar un debate como si fuera un cuarto intermedio.
Se cuidó de cometer el error de Oscar Zago en la Cámara de Diputados en 2024, cuando pidió la vuelta del proyecto de ley de Bases a comisión para negociar de cero. Eso produjo la caída del dictamen y la necesidad de efectuar un nuevo dictamen. En esa faena la ley de Bases perdió 2/3 de su contenido.
Esta vez Coto lo evitó con el pedido de postergación de un debate que iba a durar más de seis horas, y para el cual la desgastada relación de la jefa del bloque, Bullrich, con los aliados por el caso de la jueza Michelli, podía hacer peligrar la aprobación.
La delegación por parte del gobierno de ciertas materias de orden público -defensa soberana de las fronteras, control del medio ambiente, o de leyes con función supletoria frente a normas de contratos privados- obliga a debates de fondo que abren nuevos frentes de batallas.
Se cruzan en este punto el liderazgo del gobierno sobre su propia tropa, la voluntad de avanzar con leyes ómnibus dirigidas a convencer a los mercados que domina la agenda política, y su capacidad de aprovechar la mayoría que tiene en el Senado con Los 44.
La nueva administración del interbloque oficialista aporta mecanismos que el oficialismo suele desperdiciar. Los acuerdos con los aliados se hacen en sede neutral: la oficina del exsenador Víctor Zimmermann en el palacio, adonde concurren los asesores de los bloques de las bancadas que integran el acuerdo.
Esto le da una ventaja dialéctica al gobierno, una capacidad de diálogo con los aliados. Senadores como Bullrich y Agustín Coto, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, han armado grupos de asesores que debaten con los del bloque de la UCR, que coordina Zimmermann en su función de superasesor de todos.
No ocurría en la anterior legislatura, cuando Los 39 de Juan Carlos Romero no tenían diálogo fluido con el gobierno, que les enviaba funcionarios de la segunda línea de los ministerios a negociar proyectos.
El gobierno, por falta de liderazgo, desperdicia esta ventaja. En el caso de los 74 jueces del jueves hubo una competencia entre sectores del gobierno por imponer unos nombres y rechazar otros. Revela que no hay una mesa oficialista que organice los objetivos y despliegue tácticas para lograr que prosperen.
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